Tras tres años de la aprobación de la Reforma
de Salud Federal, el gobierno federal ya publicó su reglamentación final para
que, efectivo en enero del 2014, todos los individuos en los estados
continentales adquieran un seguro de salud.
Esta provisión no aplica en Puerto Rico y tan reciente como la semana pasada
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reiteró lo esencial de esta
provisión llamada el mandato individual o individual
mandate (por su nombre en inglés) para brindar las protecciones a los
consumidores estipuladas en el Affordable
Care Act (ACA) a un precio asequible al asegurar que las personas no esperen
a estar enfermos para adquirir su seguro lo que entienden aumentaría las primas
para todos.
La falta de un mandato individual para Puerto
Rico abre la puerta a un potencial aumento en las primas de seguro de salud para
los individuos y PYMES en la Isla. Según
la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de ACA sin el mandato
individual causaría un aumento de entre 15 al 20 por ciento en las primas en
los Estados. Un análisis similar no ha
sido publicado para Puerto Rico, pero entendemos el resultado sería similar, lo
que dicta la imperativa para acción local con el fin de prevenir un aumento en el
precio de las primas locales.
La convicción de la Administración de Obama
sobre la necesidad de un mandato individual se basa en la experiencia de los
cuatro estados que implementaron las protecciones del ACA sin un mandato
individual: Kentucky, Nueva York, Vermont y Nueva Jersey. Todos estos experimentaron un aumento en su
precio de prima, causando en varios una baja en el número de personas
aseguradas creando un resultado opuesto al que busca la Reforma de Salud de
Obama. El caso más impactante es el de
Nueva Jersey donde se adoptaron políticas similares a las que aplicarían en
Puerto Rico con resultados nefastos.
Específicamente, Nueva Jersey desarrolló un
mercado de seguro de salud para garantizarles a los ciudadanos el acceso a un
plan sin importar sus condiciones de salud.
Inicialmente, este mercado logró asegurar 186,000 individuos, pero en un
periodo de cinco años, esta cantidad se redujo dramáticamente por un 54% a solo
85,000 asegurados. En el mismo periodo
el precio de las primas aumentó entre un 48 a 155 porciento dependiendo del plan
y se pudo probar, que estos aumentos se debieron a que las personas que se
aseguraban eran mayormente las que estaban enfermas probando la teoría de que ante
las garantías de acceso las personas saludables esperarían a estar enfermas
para inscribirse en un plan. Diez años después,
solo 49,000 personas permanecen en este mercado y el Estado de Nueva Jersey se
vio en la necesidad de permitir el desarrollo de planes con cubiertas esqueléticas,
que no cubren ni el cuidado prenatal, para poder bajar el costo de las
primas.
El ACA estipula una cubierta mínima que en
muchos casos es más robusta que la oferta actual de los planes en Puerto Rico,
por lo tanto, si el mercado en la Isla reacciona de forma similar a los Estados
que ya han establecido estas reformas sin mandato individual, tendríamos pocas alternativas
para bajar los costos de los seguros de salud.
A esto se suma que ante la falta de un Intercambio de Seguro de Salud (los
llamados Health Insurance Exchanges) certificado por el gobierno federal, el
gobierno de Puerto Rico se vería obligado a invertir los $925 millones
otorgados bajo el ACA en su programa de Medicaid que financia a MiSalud, en vez
de ofrecer subsidios y/o créditos contributivos para que las personas de ingresos
bajos o moderados puedan adquirir su seguro.
Existen varios mecanismos que el gobierno
local puede instituir para subsanar la situación. Entre estos se encuentran legislar para un
mandato individual “criollo” similar al seguro compulsorio para autos, periodos
de inscripción definidos como los de Medicare Advantage, penalidades por
inscribirse tardíamente como los de Medicare Parte B, el desarrollo de un
sistema de incentivos y créditos contributivos similares a los otorgados por el
ACA y otras reformas sistémicas más complejas.
Sin embargo, estas decisiones no se pueden tomar en un vacío. Puerto Rico necesita establecer mecanismos
para estudiar, modelar y analizar las consecuencias de la implementación local
del ACA a la luz de las realidades del sistema local para desarrollar estrategias
que maximicen el conocimiento que hemos desarrollado en las diversas reformas
de salud locales y los fondos federales que abundan para reformar el sistema. De esto depende la salud de nuestro pueblo.
Para más información pueden ver:
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